Sale en Gaceta el decreto del Consejo Nacional de Ciberseguridad
El Consejo Nacional de Ciberseguridad tendrá 13 atribuciones específicas, entre las que destacan la creación de una red de vigilancia permanente de incidentes telemáticos y la capacidad de solicitar a personas naturales y empresas públicas o privadas «datos, estadísticas e informaciones» relacionadas con la seguridad informática de la nación.
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Esta nueva institución fue creada mediante decreto presidencial publicado en la Gaceta Oficial N° 42.939, de fecha 12 de agosto de 2024,
De acuerdo con el texto del decreto, este consejo tendrá un rol asesor para la generación de políticas de seguridad, pero su constitución básica está integrada por representantes de ministerios del gabinete ejecutivo.
De hecho, los integrantes del Consejo serán: la vicepresidencia Ejecutiva de la República junto con los ministerios de Defensa, Ciencia y Tecnología, Economía, Finanzas y Comercio Exterior, Relaciones Exteriores, Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Planificación y de Comercio Nacional.
Además de «cualquier otro que instruya el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela o la coordinadora del comité».
El decreto establece que el ciberespacio pasa a ser una materia de interés público y estratégico para la república y, en consecuencia, se requieren «por parte del Estado el desarrollo de políticas de seguridad, administración y control en su acceso y uso, para asegurar el bien común, la soberanía y la institucionalidad en beneficio de la Nación».
De acuerdo con uno de los considerandos del Decreto «la República Bolivariana de Venezuela ha sido y será víctima de repetidas agresiones telemáticas que han pretendido afectar la industria petrolera (2002), el suministro eléctrico nacional (2019) y las decisiones soberanas del pueblo venezolano durante los comicios electorales, entre otras».
De estos eventos, el gobierno acusa a «grandes magnates, dueños de empresas fabricantes de tecnología que han demostrado su parcialidad por intereses económicos, políticos e injerencistas, usando las tecnologías de información y comunicación como herramienta de operación de la delincuencia organizada transnacional, ciberterrorismo y la desestabilización política».
Por otra parte, el decreto advierte que «los riesgos actuales que se generan del uso indebido de las
tecnologías de comunicación e información representan un gran peligro a la preservación de la paz, la estabilidad y la seguridad de la nación, lo que requiere un mayor esfuerzo para el cumplimiento de las responsabilidades que tiene el Estado».
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