España: Acuerdo social para un pacto de Estado tomará medidas para proteger a los menores de las pantallas

Un acuerdo en conjunto con la Fiscalía de Menores y la Agencia Española de Protección de Datos han consensuado con 131 entidades un documento con 15 medidas concretas para «proteger a la infancia y a la adolescencia del mundo digital» que van a presentar a todos los grupos parlamentarios con el objetivo de que alcance un pacto de Estado.

Sería el primer gran acuerdo social logrado en España en relación a las pantallas. El texto, que muestra un cambio de rumbo respecto al uso de las nuevas tecnológicas por parte de los menores, se aborda como un problema de salud pública, que contempla medidas como limitar los móviles en los colegios, establecer mecanismos de verificación de edad para impedir el acceso a pornografía u obligar a que las tecnologías se responsabilicen de los daños causados.

Los firmantes recuerdan que la llegada del primer móvil de uso personal en España está en torno a los 11 años, que el 90,8% de los adolescentes se conectan todos o casi todos los días y que el 98% está registrado en alguna red social. Según un estudio de Unicef, uno de cada tres jóvenes españoles podría tener ya un consumo problemático de internet. La edad media para el primer contacto con la pornografía se encuentra entre los nueve y los 11 años.

«Su uso por parte de niños, niñas y adolescentes es especialmente sensible, además de porque se encuentran en un momento evolutivo y de neurodesarrollo, porque son productos diseñados para adultos, que pueden afectar a su socialización y que pueden potenciar posibles problemas de salud mental, como la ansiedad y la depresión, además de facilitar situaciones de violencia como el acoso escolar y sexual», advierten.

«El acceso a la tecnología se ha convertido, en muchas ocasiones, en una puerta a contenidos inapropiados para el desarrollo integral de los niños, como los pornográficos, que generan una banalización de las relaciones sexuales, sexualización precoz o sesgos de género», avisan los fiscales de menores, expertos en protección de datos y representantes de asociaciones que atienden a la infancia como Unicef, Save the Children o la Fundación Anar.

Añaden que «los modelos de negocio de las grandes plataformas y redes sociales se basan en la captación de la atención de estos niños a través de diseños persuasivos, casi siempre ocultos para los padres, produciéndose una mercantilización de sus datos a través de su recogida, la aplicación de algoritmos opacos y el perfilado para su venta a terceros con fines publicitarios».

El acuerdo ha sido impulsado por la Asociación Europea de Transición Digital, cuya presidenta, Ana Caballero, ha iniciado una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios arrancando con Tesh Sidi, diputada de Sumar. Éstas son las principales medidas acordadas:

Problema de salud pública

Los firmantes quieren que los partidos reconozcan que «el uso compulsivo de la tecnología es un problema de salud pública» y que se trate como tal: con prevención, asesoramiento y campañas que expliquen el peligro de las estrategias que fomentan el uso compulsivo, así como más inversión en investigación y recursos de atención primaria. Los hijos de la neuropsicóloga Marina Fernández Andújar son todavía pequeños, pero ella ya le explica de forma muy sencilla al mayor, de cuatro años, lo que pasa con las neuronas en el cerebro cuando hay sobreexposición a las pantallas. «Le digo que, al igual que si comemos muchos dulces nos duele la barriga, si vemos mucha televisión nos ponemos de mal humor», indica esta profesora universitaria de Barcelona. Marina sostiene que no es recomendable que en los dibujos animados haya más de cinco cambios de escena por minuto. «El otro día me fijé en La patrulla canina y había más de 25 cambios de escena. Esa cantidad de luz, movimiento y color produce una sobrestimulación que causa estrés en los niños».

Formación

La propuesta de pacto de Estado contempla fomentar las escuelas de padres para que puedan educar a sus hijos en un «consumo consciente y responsable» y generar «normas de uso consensuadas» en las familias, como las que están estableciendo las 10.000 personas del grupo de Telegram Adolescencia Libre de móviles, pero dentro de cada casa. También persigue reforzar la formación de profesores, sanitarios y trabajadores sociales para «comprender los riesgos y amenazas en los entornos digitales» y entender la importancia de proteger los datos personales y la intimidad. Ángela Sánchez, maestra de Primaria en Toledo, ha consensuado con su familia que «durante la cena no haya pantallas en la mesa» y lo cumplen a rajatabla. Cada vez hay más padres que firman con sus hijos un contrato antes de entregarles el primer móvil. «Hay que ser muy constantes y tener las cosas muy claras para educar», recalca Ángela. Marina habla de la importancia de «poner límites» y «anticipar lo que se va a hacer» para que el niño no se lleve sorpresas. Ella, en su casa, deja que sea su hijo quien apague la televisión. Le avisa un poco antes del tiempo que le queda, pero es el crío el que le da al botón «porque eso favorece su autocontrol» y «no es papá el que soluciona todos los problemas».

Límites en los colegios

El pacto exigirá «responsabilidad de todos los agentes implicados, incluida la industria». Hay un compromiso para promover la regulación en las CCAA para «limitar» el uso de los móviles en los colegios y adecuar el uso de los dispositivos tecnológicos en el aula a las pautas por edades recomendadas por las sociedades científicas españolas. Hasta los dos años no debe haber ningún uso de pantallas, según la Asociación Española de Pediatría. En el colegio de Barcelona donde trabaja Natalia Jiménez, están prohibidos los móviles. Al llegar al centro, los alumnos los depositan en un armario cerrado con llave y los recogen cuando terminan las clases.

Verificación de edad

También se quieren establecer mecanismos de verificación de edad a través de «sistemas no invasivos». Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, explica que están trabajando en un modelo garantista que incluye «un atributo de edad en base a un documento oficial intransferible, como el DNI o la tarjeta de la Seguridad Social, que se almacena en el dispositivo del usuario y al mismo tiempo permite el anonimato a la hora de navegar por internet, pues sólo se requeriría acreditar el atributo, y no la identidad». Otra de las medidas contempla «establecer un marco legal de rendición de cuentas» para los directivos responsables de las plataformas que incumplan con el establecimiento de la obligación de verificación de edad.

Algoritmos

La propuesta quiere obligar a las tecnológicas a que «se responsabilicen de los daños a los menores, incluidos los de salud mental, causados» por los algoritmos, que deberían estar auditados por organismos independientes y autoridades de control para evitar «los sesgos discriminatorios, la manipulación y la adicción». También se contempla que aparezcan desactivadas por defecto las estrategias de persuasión y formas de manipulación en los servicios en línea y que en las páginas web haya «advertencias mediante pop up de los riesgos a los que están expuestos los menores».

Información de El Mundo